#ESPACIOSPÚBLICOS

El espacio público privatizado en Lima Metropolitana equivale a más de 78 campos de fútbol profesional. Otros espacios están en riesgo de ser privatizados con la aprobación de los alcaldes, pero la negativa de los ciudadanos.

Jueves 26 de julio de 2018

Por Luis Enrique Pérez - @leperezpinto
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Imagínese que el lugar de sus recuerdos de la infancia, donde juegan los niños y que es el punto de reunión del barrio, esté en riesgo de ser afectado o desaparecido para reemplazarlo por un proyecto comercial o inmobiliario, donde el acceso será restringido solo para quienes puedan pagarlo. Pues esto es lo que sucede en la ciudad de Lima, donde los espacios públicos vienen siendo privatizados o están en la mira de iniciativas privadas que tienen el beneplácito de los alcaldes locales pero el rechazo de los ciudadanos.

Con información obtenida por acceso a la información pública, elaboramos una base de datos que revela que en la ciudad de Lima Metropolitana más de medio millón de metros cuadrados de espacios públicos como parques, playas y estadios están afectados por privatizaciones y concesiones, convertidos en centros comerciales, juegos mecánicos, estacionamientos subterráneos, restaurantes de lujo, camposantos, clubes y museos privados.

Vecinos en toda la ciudad se movilizan en defensa de los espacios públicos. Foto: Luis Pérez

En estas elecciones municipales solo en Lima Metropolitana más de 20 candidatos están disputando la alcaldía de la ciudad, pero hay un tema que ya se encuentra en la agenda urbana en estos últimos dos años: el problema de la privatización y el déficit de espacios públicos, un tema que cruza a cada uno de los distritos de la capital del Perú.

Aunque la privatización del espacio público ha cobrado más relevancia en los últimos años, este fenómeno no es nuevo y quizá tenga su data más antigua y severa en el año 1994, cuando inició la desaparición del Parque Cánepa en la zona comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, donde laboran más de 50 mil trabajadores y visitan más de 150 mil personas por día.

Tal como se observa en una fotografía aérea de 1985, ese parque contaba con bancas, monumento, pileta y árboles, todo un espacio público en lo que en ese entonces era un pujante centro textil que tiempo después convertiría en el emporio comercial más importante del país. Años más tarde desaparecieron los árboles, el monumento y la pileta, construyéndose un centro comercial en el subterráneo y superficie, el cual irónicamente aún mantiene el nombre de “Parque Cánepa”.

En 1994 se inició el proceso de privatización que terminó por la desaparición del Parque Cánepa Foto: Servicio Aerofotográfico Nacional – Google Earth

“¿Dónde se van a reunir las personas para evacuar en casos de sismo? ¿Dónde se van a ubicar los servicios de rescate o emergencia?, eso debe ser en el parque, pero ese parque ya no existe y eso es peligrosísimo para la ciudad”, señala el sociólogo y urbanista, Gustavo Riofrío, quien critica la equivocada visión de alcaldes y empresarios respecto al espacio público.

“Tanto el sector privado como los alcaldes le están dando un valor equivocado al espacio público, ya que no es un simple terreno. El valor de un parque no es equivalente al valor del metro cuadrado de un edificio”, precisa Riofrío, quien afirma que el valor de los espacios públicos solo se puede medir por el valor que le da a la ciudad en ámbitos como la salud, el esparcimiento y la seguridad.

El valor de un parque no es equivalente al valor del metro cuadrado de un edificio

Lima, con una población que supera los 10 millones de habitantes, es considerada como la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica y con relación al área verde urbana por habitante se encuentra muy lejos del mínimo de espacio urbano verde recomendado por la Organización Mundial de la Salud, llegando solo a tener tres de los nueve metros cuadrados.

Al respecto, la última encuesta de ‘Lima cómo Vamos’ revela que en el 2017 el 37,8% de limeños estaba insatisfecho por la calidad de los parques y áreas verdes de uso público en la ciudad, mientras que entre los problemas ambientales más importantes están la falta de árboles y mantenimiento de áreas verdes. La encuesta del 2016 también reveló que el 45% de limeños se encuentra insatisfecho por el cuidado de las playas y del mar en la ciudad.





Para Mariana Alegre, coordinadora general de Lima cómo Vamos, los espacios públicos generan un valor más allá del económico y ahí es donde radica el problema del concepto que tienen autoridades y empresarios. “La presencia de ese tipo de espacios, de este bienestar y esta calidad de vida a su vez incrementan el valor económico de la ciudad en la que se encuentran insertos”, afirmó.

Opinión similar tiene la economista Laura Lozada, quien señala que muchos alcaldes están viendo al espacio público con la expectativa para sacar alguna rentabilidad financiera. “Están dejando de lado todo tipo de valorización relacionada con los servicios ambientales, culturales, deportivos y de recreación, que sí tienen muy en claro los vecinos, y solo están buscando nuevas fuentes de ingresos”, precisó.


Marco legal sin límites para las municipalidades


Las privatizaciones en los espacios públicos no solo se entienden por la visión de las autoridades y funcionarios municipales, sino también por el marco legal que permite estos procesos. Con la llegada del gobierno de Fujimori, en 1991 se publicó el Decreto Legislativo 758 para promover las inversiones privadas en la infraestructura pública, donde se autoriza a los gobiernos locales a otorgar concesiones en los "bienes de propiedad del organismo".

Ya en el 2003, con la caída del régimen fujimorista, ya en el gobierno de Alejandro Toledo, se publica la Ley Orgánica de Municipalidades que les permite ceder en uso y conceder en explotación los bienes de su propiedad, una copia literal del Decreto Legislativo que firmó Alberto Fujimori, pero ahora legitimada en el regreso a la democracia.

Durante el gobierno de Ollanta Humala, con el Decreto Legislativo 1224 de las conocidas Asociaciones Público-Privadas, también se dio un mayor marco legal para que las municipalidades puedan aceptar iniciativa de aprovechamiento privado sobre los espacios públicos.

El restaurante Rústica de la Playa Barranco fue aprobada al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades. Foto: Luis Pérez

Para Laura Lozano estos marcos legales de promoción de la inversión privada, que inicialmente fueron pensados para grandes proyectos de infraestructura, ahora son usados en el nivel local para el desarrollo de plataformas comerciales e inmobiliarias, permitidos por municipalidades que están en búsqueda de rentas.

"Estas iniciativas encuentran gran acogida entre las municipalidades urbanas, que, en busca de nuevas fuentes de ingresos, intervienen sobre los espacios públicos, desnaturalizando el concepto de lo público", explica Lozano quien agrega que, en todas estas normas, las municipalidades no tienen limitación alguna sobre qué espacio entregar o la dimensión del espacio a ceder al privado.

Marco legal vigente oculta a los vecinos la información sobre las iniciativas privadas



Asimismo, criticó la forma secreta en que se llevan las negociaciones de las iniciativas privadas ya que los vecinos solo tienen conocimiento de la existencia de estos proyectos cuando ya todo está previamente negociado entre empresa y funcionarios. Este requisito de confidencialidad se encuentra en el marco legal vigente para Asociaciones Público-Privadas.

“Esta es la queja más recurrente en estos casos es el tema de la falta de acceso a la información. Cuando los vecinos van a pedir información a la municipalidad los funcionarios se niegan o señalan que no existe tal iniciativa. Esto se debe a que el propio marco legal acoge la confidencialidad, hasta que se declare de interés por el Concejo y puede pasar un año desde que se presentó el proyecto”, precisó.

A esto se suma que es el propio gobierno local la que se encarga por todos sus medios de promover y defender estas iniciativas privada, siendo poquísimas veces las oportunidades donde los vecinos pueden conocer qué empresa o quiénes están detrás de las razones sociales con las que firman los documentos.


2016: El punto de quiebre y la reacción vecinal


En los procesos de afectación hay un año de especial relevancia para Lima y se podría decir que es el punto de quiebre en la problemática de los espacios públicos, donde los vecinos pasaron del letargo a la acción. El 2016 en los distritos de Independencia, Comas y Lince sus alcaldes contemplaron la privatización de parques y alamedas para proyectos inmobiliarios y comerciales, lo que ocasionó la inmediata movilización de los vecinos en defensa de sus áreas verdes.

Las iniciativas privadas como el proyecto comercial y de viviendas New Life en la Alameda Los Incas en Independencia, la construcción de un Plaza Vea en el Parque Manhattan de Comas y los estacionamientos subterráneos en el Parque Elías Aguirre en Lince, coincidieron ese año y tuvieron la oportuna reacción de los vecinos de esos distritos quienes se manifestaron en contra y tuvieron éxito en la desestimación o la paralización judicial de los proyectos.

Vecinos confrontan al alcalde Miguel Saldaña ante anuncio de convertir el Parque Manhattan en un supermercado. Foto: Diario Ojo.

En el caso del Parque Manhattan, la iniciativa privada buscaba construir un centro comercial que incluía un supermercado, patio de comidas y cines, en donde actualmente se encuentran campos deportivos, pista atlética y espacios de calistenia. Este proyecto fue propuesto por el poderoso grupo Intercorp, amparándose en el Decreto Legislativo 1224, para obtener de parte de la gestión del alcalde Saldaña, más de 7,660 m2 para levantar el proyecto comercial.

En el 2016 vecinos de Comas, Independencia y Lince iniciaron luchas simultaneas

Mientras en la Alameda Los Incas de Independencia, dos empresas españolas pretendieron construir siete torres de viviendas con áreas comerciales en más de 28 mil metros cuadrados de ese espacio público, lo que fue desestimado por la municipalidad de ese distrito ante el masivo rechazo de los vecinos de la Urbanización Tahuantinsuyo, quienes incluso tomaron las vías del Metropolitano y protestaron frente a la casa del alcalde Evans Sifuentes.

Vecinos de Independencia bloqueando vías en protesta contra la privatización de la Alameda Los Incas. Facebook: Luis Fernando

En Lince, en el centro de la ciudad, una empresa española llamada Constructora Consvial consiguió que se declarara de interés su proyecto de construcción de 400 estacionamientos subterráneos en el parque Elías Aguirre, lo que encendió las alarmas de los vecinos, quienes ya en el 2016 habían derrotado un intento idéntico. Está vez el alcalde de ese distrito, Martín Príncipe, dio su brazo a torcer, pero a favor de la empresa privada. Las vecinas organizadas lograron que el Poder Judicial paralizara toda acción administrativa con una medida cautelar y acción de amparo.

Vecinas defienden el parque Elías Aguirre en Lince contra la iniciativa privada de estacionamientos subterráneos. Foto: Facebook Vecinos unidos de la zona 5.

Entre las diversas acciones en defensa del espacio público, las iniciativas legales y judiciales fueron acompañadas de organización y sensibilización, promoción de actividades artísticas y deportivas, vigilancia de la limpieza pública y el riego de las áreas verdes, así como las movilizaciones a entidades del Estado como el Ministerio del Ambiente, el Congreso de la República y la Contraloría de la República.

Estos casos de resistencia que individuales se veían pequeños, empezaron a crecer en dimensión, porque empezaron a articularse en plataformas distritales y luego metropolitanas, lo que llevó a la creación de la plataforma #16N por el derecho a la ciudad y la coordinadora Cadnep, lo que permitió a los vecinos que en forma conjunta tuvieran más peso ante las autoridades y los políticos, los que empezaron a realizar propuestas para proteger los espacios públicos, ya no solo de Lima, sino también del país.


Una Ley que nace de las organizaciones vecinales


Producto de la tensión causada por los procesos de concesión en los espacios públicos, este caso llegó al Congreso de la República, donde un grupo de parlamentarias recogió las inquietudes y propuestas de las organizaciones vecinales formadas en toda la ciudad, que se volcaron a una propuesta de Ley para la gestión y protección de estas áreas.

La congresista Indira Huilca, se considera como coautora del proyecto de Ley, pues señaló que es una autoría conjunta con los vecinos organizados en colectivos y movimientos, quienes expusieron sus casos en reuniones preparatorias. “Encontramos diversas modalidades legales que permiten la afectación al espacio público pero que se repetían en muchos de los casos”, indicó la parlamentaria del grupo parlamentario Nuevo Perú.

Reuniones preparatorias reunieron a dirigentes vecinales, urbanistas y abogados para desarrollar el proyecto de Ley. Foto: Congreso de la República

La iniciativa busca que las concesiones no excedan el 15% del área total del espacio público y que se hagan de forma desconcentrada sobre el espacio. El texto indica que cualquier concesión o convenio no deberá desnaturalizar el uso público del espacio, ni limitarlo, ni condicionarlo o restringirlo.

Además, recordó que no existe un marco normativo nacional para la conservación de los espacios públicos, solo existen algunas ordenanzas locales, pero no como una Ley que sea política pública que marque un lineamiento para la protección y una adecuada gestión de parques y playas para que su descuido no sea pretexto de cesión.

“Muchas veces los espacios públicos que son privatizados son abandonados por las autoridades con lo que intenta convencer a los vecinos de las zonas afectadas de que solo la inversión privada podría salvar el espacio y hacerlo viable”, añadió.

Muchos alcaldes abandonan los espacios públicos para favorecer la llegada del privado

Huilca señala que esta iniciativa legislativa busca dar solución a estos problemas promoviendo la participación ciudadana con mecanismos que garanticen que la voz de los vecinos sea realmente considerada por las autoridades municipales.

“Nuestro proyecto de ley reconoce la importancia del diálogo y el papel clave de las organizaciones ciudadanas para mantener y activar los espacios públicos, en colaboración a la labor que cumplen las autoridades competentes” dijo la congresista Indira Huilca, una de las impulsoras de este proyecto.

Actualmente, el proyecto ya tiene un dictamen aprobado con el voto de todos los miembros de la Comisión de Descentralización. Sin embargo, aún se está a la espera de que la Comisión de Vivienda -quien también puede dictaminarla- permita su viabilidad para que llegue a debate del Pleno del Congreso.


No basta con una ley


“En primer lugar, necesitamos tener conciencia, darnos cuenta”, así responde Gustavo Riofrío cuando le preguntamos sobre la Ley. Señala que tener una legislación es vital, pero advierte que sin conciencia en la ciudadanía y sin su activismo estos procesos privatizadores podrían continuar.

Recordó que, por ejemplo, las privatizaciones de las playas de la Costa Verde en Barranco se hicieron por la legal, donde los alcaldes recurrieron a normas de menor rango para poder otorgar las concesiones para proyectos comerciales, por lo que afirmó que estas voces de la conciencia vecinal tienen que expresarse políticamente para exigir mejor gestión de los espacios públicos.

Ciudadanía exige verdadera planificación para gestionar la ciudad. Foto: Twitter @Geraldine2511

En primer lugar, necesitamos tener conciencia, darnos cuenta

“Si estamos en plena campaña electoral, los vecinos tienen que poner sobre la mesa a todos los candidatos la situación de los espacios públicos. Estamos en elecciones y los alcaldes que privatizan los parques son elegidos en procesos electorales, por lo que hay que saber elegir”, reflexionó Riofrío.

Pasados más de 480 años de su fundación y casi 200 de la independencia, Lima la gris, mira a su interior, hacia sus espacios de conexión y de encuentro. Estas disputas y activismos vecinales pueden que sean el impulso que necesitan nuestras ciudades para que al fin construyamos ciudadanía, para que los espacios públicos vuelvan a ser el lugar del encuentro y la igualdad.